Fuente: APF
EL ABOGADO DE AGMER SE MOSTRO CONVENCIDO QUE HAY "SOBRADAS RAZONES JURIDICAS" PARA GANARLE LA POSICION AL GOBIERNO
El abogado de Agmer, Héctor Fischbach llevó tranquilidad a los docentes que decidan adherir al paro al garantizar que se "ejercerá el derecho de defensa" de todos y cada uno de los maestros • En diálogo con APF, se mostró convencido de que existen "sobradas razones jurídicas" para ganarle la posición al Gobierno • Hoy interpondrá un recurso contra el fallo judicial y en los próximos días una querella contra el Gobierno por "práctica desleal y acciones de inconstitucionalidad" • También prometió que llevará la discusión al plano internacional.
El letrado, que participó ayer de las deliberaciones del Congreso de Agmer, contó a APF, que el gremio "consideró arbitraria" la medida judicial, "no por la resolución en sí de la jueza, sino por cómo vino el proceso de negociación del problema salarial".
Sostuvo que "el Gobierno, desde hace mucho tiempo, viene utilizando la Ley de Paritarias como un mero instrumento dilatorio de una respuesta salarial a los docentes. Es decir que en reiteradas ocasiones ha utilizado la vía de la paritaria, cuando la usa, con el mero propósito de diluir paros docentes que ya están decretados".
Reconoció que "esto ha irritado al sector docente, evidentemente porque no se han atendido sus reclamos en la forma que lo prevé la Ley de Paritarias que es en el marco de la buena fe. No se ha negociado por parte del Gobierno de buena fe en este sentido", opinó.
El letrado, que cuenta con un cuerpo de abogados que desde hace años asesora al gremio, espera conocer ahora "cuál es la actitud que tiene el Gobierno para encarar esta cuestión". En función a ello, anticipó: "Vamos a ejercer el derecho de defensa porque creemos que tenemos sobradas razones jurídicas como para ganarle la posición al Gobierno al cabo de una contienda judicial".
Fischbach recordó que "no es la primera vez que se trata de afectar a los docentes en forma individual". Durante la gestión del ex gobernador Sergio Montiel, "se intentó afectar los conceptos docentes durante mucho tiempo, lo debatimos durante dos años y lo ganamos en sede administrativa", precisó. Si bien reconoció que "el proceso llevó largo tiempo", se logró "limpiar 300 legajos de docentes que se habían visto afectados".
• Cuestionamientos
El abogado cuestionó al fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, por actuar "como un operador político, desmereciendo el cargo asignado por la Constitución y que todos los contribuyentes le pagamos para defienda los intereses del Estado".
En su opinión, "está operando como un apretador político del Gobernador para resolver un problema que, en realidad, debe resolverlo mediante una mejora de propuesta en una mesa de concertación que se hará, seguramente, si el Gobierno anuncia que va a haber alguna propuesta para hacer y para poder concretar".
Dijo que esta actitud no va a "asustar" a los docentes. "Que no piense que los maestros son personas que se van a achicar frente a una mera amenaza por los medios de comunicación. El fiscal de Estado debiera estar en este momento ayudando y asesorando al Gobernador para ver cómo consigue fondos para que el Estado pueda resolver la grave crisis que tiene el presupuesto de la provincia, y no colocarse como apretador de docentes, cuando hasta hace poco tiempo era un representante del pueblo en la cámara de Diputados y él mismo defendía conmigo el derecho de los trabajadores".
• Cambio de mensaje
Para el abogado de Agmer la crisis "no se resuelve con ninguna medida judicial, ni administrativa, ni jurídica". Se trata de que el Gobierno "cambie su mensaje actual" y realice "las gestiones concretas para mejorar el presupuesto para atender los justos reclamos de los docentes que no son de ahora. Hace 25 años que estoy en el Sindicato y hace 25 años que soy partícipe de las discusiones con los distintos Gobiernos para llegar a un salario digno, que permita que la Educación, instrumento de desarrollo, sea colocado en el plano que tiene que estar. Eso es lo que está en debate", sostuvo.
• Recurso contra el fallo
Fischbacha aseguró estar "totalmente tranquilo con la posición que tomó el gremio". Reconoció que habrá "una lucha judicial que vamos a entablar y que finalmente vamos a ganar". Pero aclaró: "Que nadie espere resultados cortos porque aquí lo vamos a tener que pelear hasta en la Corte".
Anunció que hoy mismo se va a "interponer un recurso contra la decisión judicial". Pero además se encararán "acciones de querella por práctica desleal y acciones de inconstitucionalidad contra el Gobierno", seguramente en el curso de esta semana lo vamos a plantear.
El letrado también adelantó que se llevará "al plano internacional la discusión de la actuación de mala fe del Gobierno, porque vamos a plantear ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el gobierno de Entre Ríos por este sistema represivo que tiene cuando los docentes asumen medidas de lucha que resulten soberanamente en sus Congresos".
"Los docentes que se queden tranquilos, van a ser defendidos todos y cada uno", afirmó el abogado. También sostuvo que "si el Sindicato es atacado en su personería, no solamente lo vamos a defender en el plano local, sino en el nacional e internacional. Para eso tenemos el cuerpo de abogados no solamente de nuestro Sindicato, sino de la Ctera que seguramente va a operar, como siempre lo ha hecho, en la defensa irrestricta de nuestra personería. Por lo tanto que se queden tranquilos, que frente a estas amenazas tendrán abogados que saldrán a defenderlo y seguramente vamos a instalar un debate que al cabo de bastante tiempo se lo vamos a ganar".
• Inteligencia policial
El abogado denunció que durante el desarrollo del Congreso de Agmer, celebrado ayer en Santa Elena, "en tres oportunidades tuvimos que sacar a la Policía que, de civil, se metía dentro del Congreso".
Incluso, "personalmente junto con los dirigentes fuimos a hablar con el comisario y le pedimos que por favor no siga intercediendo en el funcionamiento del Sindicato".
Dijo que "metieron por lo menos cinco personas de civil, como en las viejas épocas de la dictadura, a husmear lo que se debatía en el Congreso".
Frente a ello, afirmó: "No estamos dispuestos a permitir que el Gobierno interceda en los debates democráticos del Sindicato, no vamos a permitir que la policía escuche la opinión de los compañeros, registre y fiche a quienes den determinadas opiniones". (APF.Digital)
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