Solicitada de docentes de UADER publicada en diario UNO
A los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos:
Uds. Tienen en sus manos la responsabilidad de definir el futuro de la normalización y democratización de la UADER. Este es un tema que excede largamente el reclamo inconsistente de siete amparistas. Sus resoluciones tendrán efectos y consecuencias en la totalidad de nuestra comunidad universitaria.
Luego de casi doce años de historia desde su creación la comunidad universitaria constituyó los órganos de cogobierno consultivo (Resolución Nº 19/01- SPU), se concursó el treinta por ciento de las cátedras universitarias y finalmente la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, luego del proceso de seguimiento y evaluación pertinente, dictaminó que se está en condiciones de asumir la última fase de la normalización: la elección de los representantes de cada uno de los claustros a las instancias de co-gobierno y la constitución de la asamblea que elegirá el primer rector, consagrando la autonomía de nuestra universidad.
Señores Jueces, sus resoluciones pueden sellar el futuro de nuestra universidad:
Si Uds. sentencian que nuestra universidad no está en condiciones de normalizarse tomarán una decisión que no tiene antecedentes en la historia de la universidad pública argentina. El 70 % de las cátedras concursadas no es condición necesaria para normalizar, de esto es prueba los porcentajes con los cuales han culminado sus procesos de normalización las universidades nacionales. Algunos ejemplos: la Universidad de Río Negro, se creo en el 2007 y se normalizó 2011; la Universidad Nacional de Chilecito en el 2003 y se normalizó en el 2011; la Universidad de Chaco Austral en el 2007 y se normalizó en el 2010, la Universidad Pedagógica en la Provincia de Buenos Aires se creó en el año 2007 y fue normalizada en el 2009. Todas ellas con un promedio de cátedras concursadas que se situó entre el 23% y el 30 %.
En 1983 en una decisión histórica, el entonces presidente Alfonsín, con el apoyo de todo el arco de partidos políticos representados en el Congreso Nacional, derogó la Ley universitaria Nro.22.207 y restituyó la vigencia de los estatutos vigentes a Julio de 1966 que la dictadura había anulado. El naciente gobierno constitucional que siguió a la dictadura sangrienta entendía que en las UNIVERSIDADES nacionales era urgente el reestablecimiento de la institucionalidad. En ese marco se PRIORIZÓ POLITICAMENTE la reposición de gobiernos universitarios legítimos, generando los procesos de normalización en un momento histórico donde el promedio de las plantas docentes concursadas en las Academias era del 20 %. EL COMPROMISO era con la recuperación de la democracia en las Universidades. Esto es: autonomía universitaria, gobierno tripartito y el pluralismo ideológico.
Incluso la histórica Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua y con mayor porcentaje de cátedras concursadas del país, tiene hoy – transcurridos casi 30 años del regreso a la democracia – un porcentaje menor al 60 % de docentes concursados.
TODAS las Universidad Públicas argentinas se han normalizado con un porcentaje de concursos ordinarios de entre el 20 y el 30%
Si hay un punto no cumplido que debería observarse de la Ley de Educación Superior no es el porcentaje de concursos realizados sino lo que expresa el art. 49: que la UNIVERSIDAD "DEBERÁ QUEDAR NORMALIZADA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS CUATRO (4) AÑOS A PARTIR DE SU CREACIÓN". La UADER lleva doce años sin que la comunidad universitaria pueda elegir sus autoridades.
Señores Jueces, si ratifican la sentencia del Juez de primera instancia, estarán consolidando una acción que tiene como objeto suspender efectivamente todo acto eleccionario y por ende la clausura del proceso democrático en marcha.
El verdadero propósito de las acciones legales no es ampliar la participación al interior del claustro docente y el fortalecimiento del proceso democrático, sino obstruirlo y vulnerar los derechos efectivamente adquiridos de un amplio colectivo de ciudadanos universitarios que ya han elegido a sus legítimos representantes para la Asamblea.
Señores jueces y ciudadanos de nuestra provincia, la judicialización de este conflicto le quitó a la comunidad universitaria el derecho a culminar la genuina construcción política de este proceso expresada en la votación unánime del calendario electoral en septiembre del año pasado y ratificado por el Consejo Superior (máximo órgano de co-gobierno) en cuatro oportunidades más: (falta la fecha de diciembre 2/02 , 28/02, 30/03)
Un solo paso más le falta dar a nuestra universidad para culminar con éxito el proceso de normalización emprendido hace 12 años: elegir – como lo señala nuestro estatuto – a los Decanos en los colegios electorales de cada una de las facultades y al Rector a través de la Asamblea Universitaria, órgano máximo de gobierno de las universidades públicas argentinas.
Sabemos que son muchas las tareas pendientes, pero somos los universitarios quienes legítimamente estamos mejor preparados para hacernos cargo de todo lo que resta construir. Es por medio de los órganos de cogobierno, con democracia en los claustros universitarios, como mejor se garantiza la continuidad de los concursos y la transparencia en sus procedimientos. Es la autonomía universitaria que legalmente nos corresponde la que en definitiva va a afianzar las funciones académicas básicas de nuestra universidad: la docencia, la investigación y la extensión.
Señores jueces, 20.000 estudiantes y cientos de graduados y administrativos que ya han elegido a sus representantes, esperan un fallo ejemplar que respete las decisiones democráticamente adoptadas por la comunidad universitaria. Ellos no han sido notificados ni emplazados a formar parte de este amparo. No han podido defenderse ni expresar sus puntos de vista en una causa que tendrá sobre todos ellos profundos efectos.
La democracia en las universidades públicas argentinas no se obtuvo con permanentes intervenciones del poder político de turno en una institución académica con 100 años de historia de autonomía y cogobierno. Sólo la democracia puede profundizarse a sí misma.
Doce años de espera son suficientes. Les pedimos hacer lo que hay que hacer en orden al bien común y no de intereses particulares.
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